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Informe de la ONU sobre Venezuela (Corte Penal Internacional)

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Informe de la ONU sobre Venezuela - Un informe de la ONU acusa al gobierno de Venezuela de «crímenes de lesa humanidad». Así lo señala el reporte publicado este miércoles por una misión internacional independiente de investigación que trabaja para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

A continuación comunicado de prensa de la ONU

GINEBRA (16 de septiembre de 2020) – El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.


La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.


Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.


La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.


“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.


“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno.”


Ejecuciones extrajudiciales


Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.


La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.


Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.


Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.


Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.


Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.


Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”, un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar “semillas”. Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a “matar criminales sin compasión”.


También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.


La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.


“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” dijo Marta Valiñas.


Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.


Detención y tortura por motivos políticos


La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.


El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.


Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.


Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un “comportamiento cultural” de tortura.


Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.


“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox.


El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.


“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro” dijo Francisco Cox.


“Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados.”


Violaciones relacionadas con las protestas


La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.


Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.


“La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta,” dijo Paul Seils.


“Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara.”


Un poder judicial comprometido


Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela. 


El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.


“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Marta Valiñas.


“Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó.”


FINALIZA


Notas para los editores:


Después del embargo, el informe completo se publicará en la página web de la Misión.


La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, integrada por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils, se estableció en virtud de la resolución 42/25, el 27 de septiembre de 2019. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le encomendó durante un año investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014.


La Misión no pudo visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes. Además, la Misión se enfrentó a otras restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta.


La Misión presentará el informe en un diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos el 23 de septiembre del 2020.



Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela

Resumen

El presente informe, que se presenta al Consejo de Derechos Humanos en

cumplimiento de la resolución 42/25 del Consejo, de 27 de septiembre de 2019, contiene las

conclusiones de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre

la República Bolivariana de Venezuela. La misión ofrece un panorama general de sus

conclusiones con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las

detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos

en el país desde 2014. La Misión concluye el informe con su evaluación de las

responsabilidades por las violaciones constatadas. 


I. Introducción

1. En su resolución 42/25, del 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos

Humanos estableció una misión independiente de determinación de hechos sobre la

República Bolivariana de Venezuela (en adelante “Venezuela”) “para que investigue las

ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las

torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el 2014, a fin de

asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

2. El Consejo de Derechos Humanos pidió a la misión de determinación de los hechos

(la “Misión”) que presentara un informe sobre sus conclusiones en su 45º período de sesiones,

en septiembre de 2020. La Misión elaboró dos informes, el presente informe y un documento

de sesión extendido, en el que se ofrecen más detalles sobre los incidentes, análisis y

conclusiones. El presente informe se presenta en inglés y español. En caso de discrepancia,

prevalece el texto en inglés.

3. El Consejo de Derechos Humanos instó a las autoridades venezolanas a cooperar

plenamente con la Misión de determinación de los hechos, otorgarle acceso inmediato, pleno

y sin restricciones a todo el país, incluyendo a las víctimas y a los lugares de detención y

proporcionarle toda la información necesaria para cumplir su mandato (párr. 25).

4. La Misión envió correspondencia oficial al Gobierno en seis ocasiones entre enero y

agosto de 2020 y no recibió respuesta. La Misión lamenta no haber podido reunirse con las

autoridades venezolanas, ya sea dentro o fuera del país, para discutir el mandato y obtener

información pertinente.

5. La falta de acceso al país y las restricciones de viaje relacionadas con el Covid-19

presentaron desafíos para la labor de la Misión y, en algunos aspectos, llevaron a un enfoque

más restringido de lo que hubiera sido el caso sin dichas restricciones. No obstante, la Misión

logró reunir la información necesaria para establecer los hechos y sacar conclusiones de

acuerdo con su mandato. La investigación ha permitido identificar patrones y documentar

incidentes específicos que establecen motivos razonables para creer que se han cometido

violaciones de las normas internacionales sobre derechos humanos, así como crímenes de

acuerdo con el derecho penal nacional e internacional.

 II. Metodología y marco jurídico

6. La Misión utilizó los siguientes métodos de recolección de datos para establecer

conclusiones: entrevistas con víctimas, familiares, abogados/as y testigos con conocimiento

directo de los incidentes; entrevistas con ex funcionarios/as del Gobierno, la policía, los

servicios de inteligencia, militares y otras personas con conocimiento directo de casos o

instituciones específicas; entrevistas con miembros actuales y anteriores del poder judicial;

entrevistas con miembros de las fuerzas de seguridad en activo; información digital

certificada (vídeos, imágenes satelitales, fotografías y/o contenido en redes sociales);

declaraciones públicas de representantes del Gobierno; y revisión de las leyes, políticas y

directivas venezolanas.

7. La Misión también se refirió a la información secundaria considerada creíble y fiable

para corroborar y contextualizar la información recopilada de fuentes directas, y para

discernir el alcance de los patrones de conducta en una escala más amplia que la revelada por

los casos investigados en profundidad.

8. La Misión investigó 223 casos individuales1

, de los cuales 48 se incluyen como

estudios de casos detallados en el informe completo. La Misión seleccionó casos para su

investigación basándose en consideraciones sustantivas y de seguridad, incluyendo la

disponibilidad y la seguridad de los testigos, y acceso a los expedientes legales y pruebas

digitales. Esta selección de ninguna manera sugiere que otros casos sean de menor

importancia o credibilidad. Además, la Misión examinó otras 2891 violaciones de los derechos humanos reportadas en las cuatro áreas de su mandato para corroborar patrones.

Debido a las limitaciones de tiempo y recursos, la Misión no pudo investigar todos los

contextos en que se produjeron violaciones pertinentes a su mandato, incluidos aquellos

dentro de la región de Arco Minero, así como violaciones contra los pueblos indígenas.

9. Al igual que otras misiones de investigación establecidas por el Consejo de Derechos

Humanos, la Misión utilizó el estándar de valoración de la prueba: motivos razonables para

creer. Este estándar se cumple cuando se ha recopilado información fáctica que satisfaría a

un observador objetivo prudente de que el incidente ha ocurrido como se describe con un

grado razonable de certeza. El estándar de valoración de la prueba requerido no da lugar a la

determinación de responsabilidad penal. Corresponde a las autoridades penales competentes

investigar los hechos y las conductas documentadas en el informe y establecer la

responsabilidad penal.

10. De conformidad con las mejores prácticas, la Misión dedicó atención específica a las

cuestiones de género y el impacto de género en las violaciones a lo largo de su investigación

y utilizó metodologías y herramientas que tenían en cuenta el género para recopilar, organizar

y analizar la información2

.

11. La Misión evaluó los hechos a la luz del derecho internacional de los derechos

humanos y del derecho penal internacional. La Misión también consideró las garantías de

derechos humanos en el derecho interno venezolano, así como otros aspectos relevantes de

la legislación nacional.

 III. Factores estructurales que contribuyen a las violaciones

12. Las violaciones documentadas en este informe se produjeron en medio de una ruptura

gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho en Venezuela desde 2014.

El debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas democráticos, judiciales e

institucionales dio lugar a una creciente impunidad, lo que exacerbó las violaciones.

13. Venezuela continúa sufriendo una hiperinflación, una severa escasez de alimentos y

medicinas, así como una grave crisis humanitaria, agravada por el Covid-19. Esta situación

ha obligado a más de cinco millones de venezolanos, alrededor de una sexta parte de la

población, a abandonar el país para el año 2020.

14. La Asamblea Nacional, el poder legislativo del Estado, se ha visto continuamente

obstaculizada desde que la coalición de partidos de la oposición obtuvo dos tercios de los

escaños en diciembre de 2015. Desde que la oposición ganó la mayoría de los escaños, el

Tribunal Supremo de Justicia ha anulado continuamente las leyes que la legislatura intentó

aprobar. En septiembre de 2016, el Tribunal Supremo declaró que toda la legislación de la

Asamblea Nacional era nula e carente de toda vigencia y eficacia jurídica (Sentencia Nº 808).

15. Desde agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el

Presidente Maduro en mayo de 2017 y posteriormente establecida por votación popular3

, ha

actuado como un poder legislativo de facto, reemplazando las funciones de la Asamblea

Nacional establecidas en la Constitución4

. En agosto de 2020, el Presidente Maduro anunció

que el mandato de la Asamblea Nacional Constituyente terminaría, coincidiendo con las

elecciones programadas de la Asamblea Nacional.

16. A medida que la Asamblea Nacional vio su poder limitado, el ejecutivo asumió

poderes cada vez más amplios. Desde 2016, se han declarado más de 25 estados de

emergencia en todo el país, autorizando al Presidente a adoptar amplias medidas económicas,

sociales y de seguridad. La sala constitucional del Tribunal Supremo ha confirmado cada uno de ellos, a pesar de la falta de aprobación de la Asamblea Nacional, como lo exige la

Constitución5

.

17. En diciembre de 2015, se nombraron 13 jueces/juezas fueron designados para el

Tribunal Supremo, en violación de los procedimientos establecidos por la ley. Desde

entonces, las decisiones de la Corte se han alineado con el ejecutivo. En marzo de 2017, el

Tribunal Supremo asumió funciones legislativas (Sentencia Nº 156) y levantó la inmunidad

parlamentaria de todos los diputados de la oposición (Sentencia Nº 155), decisiones que

posteriormente revocó parcialmente tras la protesta pública.

18. La independencia judicial menoscabada contribuyó a las violaciones documentadas

en este informe. La mayoría de los jueces/juezas son nombrados de forma temporal tras

procedimientos de selección que no se ajustan a ley. Pueden ser destituidos sin causa ni

atendiendo al proceso previsto por la Constitución. Los jueces/juezas se han enfrentado a

presiones indebidas para llegar a determinadas decisiones, como se releva en varios casos

investigados por la Misión.

19. Desde 2014, el Gobierno ha introducido por lo menos 27 cambios en el marco de

seguridad, aprobando leyes, planes y políticas a través de órdenes ejecutivas o planes ad-hoc,

que han pasado por alto el proceso legislativo. Muchos de ellos aumentaron la participación

militar en las tareas de seguridad ciudadana y permitieron o alentaron a las fuerzas de

seguridad del Estado a coordinar con los ciudadanos privados el mantenimiento del orden

público.

20. Las instituciones de seguridad del Estado son las Fuerzas Armadas Nacionales

Bolivarianas (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como las

instituciones policiales, incluida la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de

Acción Especial (FAES), y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y

Criminológicas (CICPC). Los servicios de inteligencia del Estado son principalmente la

Dirección General de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio

Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

 IV. Conclusiones de la Misión

 A. Represión política selectiva

21. En 2014, el movimiento de oposición venezolano intensificó esfuerzos para cambiar

el Gobierno. Desde entonces, la oposición ha adoptado muchas formas, dentro de los círculos

políticos, civiles y diplomáticos. También ha involucrado a elementos dentro de las fuerzas

armadas venezolanas, que intentaron por la fuerza derrocar al Gobierno. Ante las amenazas

de desestabilización, el aparato estatal venezolano respondió con tácticas y medidas

represivas. De acuerdo con su metodología, la Misión investigó 110 casos relacionados con

estas violaciones, identificando patrones centrales. De ellos, 21 están incluidos en estudios

de casos detallados en el informe de sesión.

 1. Perfiles de las víctimas

22. La Misión constató que las principales personas a quién se dirigieron las violaciones

eran a menudo críticos del gobierno con un alto perfil público o personas que lograron

prominencia o eran percibidas como una amenaza debido a sus acciones. Entre ellas se

encuentran principalmente activistas sociales y dirigentes políticos liderando las protestas,

políticos de la oposición y disidentes militares acusados de conspiración golpista o de otro

tipo.

23. Las agencias de inteligencia también reprimieron a otros perfiles que se consideraba

que desafiaban las narrativas oficiales, incluyendo a algunos funcionarios/as públicos,

jueces/juezas, fiscales, abogados/as, personas defensoras de derechos humanos, periodistas

y blogueros y usuarios de redes sociales. En 2020, también se detuvieron a trabajadores de la salud y a usuarios de las redes sociales que criticaban la respuesta del Gobierno ante la

pandemia del Covid-19.

24. Las personas asociadas con los principales objetos de represión también fueron blanco

de ataques, incluidos familiares, amigos/as y colegas o personas defensoras de derechos

humanos. Las preguntas que las autoridades formularon a estas personas bajo interrogatorio

parecían sugerir que fueron detenidas para extraer información sobre los principales objetos

de represión o para ejercer presión sobre ellos/as. Esto incluye organizaciones que podrían

haber proporcionado financiamiento a movimientos de la oposición o haber recibido

financiamiento internacional.

25. Entre el 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020, la ONG Foro Penal registró 3.479

casos de detenciones por motivos políticos, de los cuales 902 (26%) fueron detenciones

selectivas (el resto tuvieron lugar en el contexto de protestas)6

. Foro Penal describe un

fenómeno de “puerta giratoria” en los casos en que, a medida que se detiene a algunas

personas, se libera a otras, de modo que el número de detenidos permanece algo fijo en el

tiempo7

.

26. A partir de 2014, una primera ola de objetos de represión incluyó a personas afiliadas

a las protestas de La Salida y personas asociadas a ellos/as. Esto incluyó a dirigentes de los

partidos de la oposición, alcaldes de la oposición, activistas de derechos humanos, usuarios

de redes sociales, dirigentes estudiantiles y personas que se consideraban en la primera línea

de las manifestaciones. La represión se extendió a los dirigentes políticos y a otras personas

que adoptaron posturas críticas contra el Gobierno durante las crisis políticas de 2017 y 2019.

27. Seis alcaldes de la oposición fueron detenidos entre abril de 2014 y diciembre de 2017,

por períodos desde las 72 horas hasta más de cuatro años, bajo cargos que incluían rebelión,

conspiración y omisión de actos para impedir el desorden público. Las familias de los

alcaldes de la oposición también han sido objeto de ataques.

28. En diciembre de 2015, después de que la oposición obtuviera la mayoría de los

escaños en la Asamblea Nacional, los parlamentarios de la oposición se convirtieron en un

foco de represión. Al momento de redactar el presente informe, los parlamentarios de la

oposición seguían siendo reprimidos. Desde 2014, el Tribunal Supremo ha solicitado que se

levante la inmunidad de 32 parlamentarios de la Asamblea Nacional, lo que les permite que

sean procesados penalmente. El Tribunal Supremo hizo la gran mayoría de estas solicitudes

a la Asamblea Nacional Constituyente, aunque, según la Constitución, la Asamblea Nacional

es el órgano responsable de levantar la inmunidad parlamentaria8

.

29. En 28 de esas decisiones, el Tribunal Supremo acusó a los parlamentarios de estar en

un “estado permanente” de cometer delitos en flagrancia de traición a la patria, conspiración,

instigación a la insurrección, rebelión civil, desacato al tribunal y crímenes de odio. Seis

miembros de la Asamblea Nacional fueron entonces arrestados y detenidos, y todos menos

uno fueron retenidos por más de dos años.

30. También se detuvo a personas asociadas a miembros de la Asamblea Nacional y/o a

partidos de la oposición. Durante los interrogatorios, se les preguntó sobre los diputados, en

particular sobre su participación en presuntas conspiraciones u otros delitos contra el

Gobierno.

31. Desde 2017 se han producido una serie de detenciones de oficiales militares activos y

retirados presuntamente implicados en rebeliones o intentos de golpe de Estado para derrocar

al Gobierno de Maduro. A medida que aumentaron las supuestas conspiraciones, también

aumentaron el número de actos de operaciones de contrainteligencia contra ellos. El número

de operaciones/golpes de Estado planificados, o que funcionarios/as de alto nivel del

Gobierno alegaron que fueron planificados, aumentó de 3 entre 2014 y 2016, a por lo menos

16 entre 2017 y 2020.

32. A partir de 2018, civiles vinculados a los militares, como familiares, amigos y

asociados, también se convirtieron cada vez más en víctimas de la represión. Esto incluye a

quienes podrían conocer el paradero de los militares acusados y a los familiares de los

militares.

33. El 31 de agosto de 2020, el Presidente Maduro indultó a 110 personas, principalmente

miembros de la oposición política, que habían sido acusadas de cometer actos delictivos9

.

 2. Violaciones

34. La Misión encuentra motivos razonables para creer que durante el período examinado

se utilizaron detenciones arbitrarias contra personas por su afiliación, participación,

opiniones o expresión política. En los casos investigados, varias personas detenidas también

fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos

crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, a manos de las

agencias de inteligencia SEBIN y DGCIM.

35. Personas de diferentes niveles institucionales y jerárquicos estuvieron involucradas

en estas violaciones. Actores institucionales clave dentro del poder ejecutivo, los servicios

policiales y el poder judicial, han tenido un papel.

36. Los servicios de inteligencia del Estado han desempeñado un papel integral en los

patrones de las violaciones cometidas. Las agencias de inteligencia identificaron los blancos

de la represión, realizaron arrestos, detenciones e interrogatorios y torturaron o trataron

inhumanamente a las personas detenidas. Las personas fueron detenidas principalmente en

las sedes de los servicios de inteligencia en Caracas, fuera del ámbito del sistema

penitenciario.

 a. SEBIN

37. El SEBIN realiza actividades de inteligencia y contrainteligencia civil contra las

amenazas, o percibidas amenazas, al Estado, ya sean internas o externas. Asesora al executivo

en materia de seguridad y defensa.

38. La Misión investigó 33 casos (en los que las víctimas eran 21 hombres y 12 mujeres)

en los que encontró motivos razonables para creer que el SEBIN arrestó, detuvo y/o torturó

o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos. De éstos, 13 casos se detallan

como estudios de casos en el informe completo.

39. La mayoría de las detenciones se produjeron tras un período de vigilancia e

investigación. Las detenciones tuvieron lugar en diversas circunstancias: en el domicilio de

la persona detenida, en lugares públicos o mientras las personas detenidas conducían por la

carretera. El SEBIN allanó las casas de las personas detenidas y confiscó artículos sin

presentar orden judicial.

40. Un ex empleado del SEBIN dijo a la Misión que las órdenes que determinaban quién

sería investigado a menudo venían del Presidente Maduro y de Diosdado Cabello10. Las

órdenes fueron entregadas al Director General del SEBIN, quien las transmitió a las

direcciones operativas.

41. Con frecuencia, el SEBIN realizaba arrestos sin orden judicial, particularmente antes

de 2019. Muchos disidentes políticos fueron detenidos en supuesta flagrancia, a pesar de que

no había ningún delito en curso o que se acababa de cometer.

42. En varios casos investigados, los funcionarios/as del SEBIN utilizaron la fuerza o la

violencia durante los arrestos, a pesar de que los testigos dijeron, o las grabaciones de vídeo

mostraban, que las personas detenidas no eran violentas ni se resistían al arresto.

Funcionarios/as del SEBIN ingresaron por la fuerza en las casas, derribando puertas o

entrando por las ventanas. 


43. La Misión tiene motivos razonables para creer que en varios casos el SEBIN fabricó

evidencias, entre otras cosas, colocando pruebas falsas a las víctimas, especialmente armas

de fuego, y/o distorsionando los resultados de los allanamientos de casas o automóviles.

44. Una práctica común era que los funcionarios/as gubernamentales de alto nivel hacían

declaraciones públicas refiriéndose a las detenciones poco antes o poco después de que se

produjeran, comentando sobre la responsabilidad penal del acusado. En algunos casos, los

funcionarios/as gubernamentales anunciaron que dichas detenciones habían tenido lugar

como parte de la Operación Tun Tun anunciada por Diosdado Cabello en su programa de

televisión “Con el Mazo Dando”.

45. Las personas arrestadas fueron llevadas a la sede del SEBIN en la Plaza Venezuela o

al edificio del SEBIN El Helicoide, ambos en Caracas. Una vez allí, los funcionarios/as del

SEBIN interrogaron a las personas detenidas sin la presencia de un abogado/a y/o se negaron

a permitirles ponerse en contacto con sus abogados/as cuando lo solicitaron.

46. La Misión tiene motivos razonables para creer que algunos opositores políticos y

personas asociadas a ellos fueron objeto de desaparición forzada de corta duración durante el

período examinado. La Misión documentó casos en los que funcionarios/as del SEBIN y

otras autoridades negaron tener a la persona detenida o dijeron a familiares y abogados/as

que intentaban localizar a las personas detenidas que no tenían información. El paradero de

las personas detenidas permaneció desconocido durante períodos que iban desde unos pocos

días (en la mayoría de los casos) hasta varias semanas.

47. La Misión encontró motivos razonables para creer que los agentes del SEBIN

torturaban o sometían a las personas detenidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las

torturas y los malos tratos generalmente se llevaban a cabo durante los primeros días de la

detención, antes de la comparecencia inicial ante el tribunal, mientras que las personas

detenidas permanecían incomunicadas. Muchos ex detenidos también fueron testigos de la

tortura de otros detenidos no políticos en las instalaciones del SEBIN.

48. Los actos se cometieron generalmente durante los interrogatorios para extraer

confesiones o información, incluidas las contraseñas de teléfonos y de redes sociales, o para

coaccionar a las personas detenidas para que se incriminaran a sí mismos o a otros,

especialmente a dirigentes de alto perfil de la oposición, en la comisión de delitos. En el caso

del diputado de la Asamblea Nacional Juan Requesens, funcionarios/as del SEBIN al parecer

administraron drogas psicotrópicas para inducir una confesión.

49. Los casos examinados por la Misión ocurrieron principalmente entre 2014 y 2018.

Entre las técnicas de tortura que la Misión documentó se encontraban las posiciones de estrés;

la asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o agua; las palizas; las descargas

eléctricas; las amenazas de muerte; las amenazas de violación contra la víctima y/o sus

familiares; la tortura psicológica, incluida la privación sensorial, la iluminación constante y

el frío extremo; y la desnudez forzada.

50. En siete casos investigados, agentes del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual

o de género contra las personas detenidas en un intento de obtener confesiones o información

que implicara a otros, o de degradarlos, humillarlos o castigarlos.

51. La Misión investigó el caso de Fernando Albán, quien falleció mientras estaba bajo

custodia del SEBIN. Funcionarios/as de alto nivel consideraron públicamente que la muerte

de Fernando Albán fue un suicidio, aunque la evidencia forense plantea dudas sobre esta

conclusión. En este examen no se aplicaron las normas exigidas por los Protocolos de

Minnesota o Estambul. Su familia no pudo realizar una autopsia independiente ni enterrar su

cadáver, a pesar de las numerosas solicitudes.

52. El análisis de la Misión de los relatos de ex detenidos indica que entre 2014 y 2018 la

tortura se cometió en presencia o bajo la supervisión de funcionarios/as de mayor rango,

incluido el Jefe de la Dirección de Investigaciones Estratégicas y otros comisionados de alto

rango de esta dependencia.

53. Los detenidos políticos pasaron largos períodos en prisión preventiva en el SEBIN,

de meses a años, y en un caso, más de cuatro años. En varios casos investigados, el SEBIN no liberó a las personas detenidas a pesar de las órdenes judiciales que ordenaban su libertad

mientras esperaban el juicio.

54. Los detenidos políticos fueron recluidos en uno de los dos edificios del SEBIN, la

sede del SEBIN en la Plaza Venezuela o El Helicoide, a menudo con largos períodos de

aislamiento. Las condiciones de detención en estos edificios eran inadecuadas, llegando en

algunos casos al nivel de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Misión

describe esto en detalle en el informe de sesión.

 b. DGCIM

55. La DGCIM tiene amplias facultades para “conducir, coordinar y ejecutar actividades

tendentes al descubrimiento, prevención y corte de la actividad enemiga”11. También tiene la

tarea de prevenir las actividades subversivas contra las FANB y proteger al Presidente de la

República.

56. La Misión investigó 77 casos en los que la DGCIM arrestó, detuvo y torturó a oficiales

militares actuales y ex militares y a civiles asociados a ellos. De ellos, ocho se detallan como

estudios de casos en el informe de sesión. Las detenciones de personal militar y civiles

asociados aumentaron en 2017 a medida que el número de operaciones contra el Gobierno se

hacía más frecuente.

57. La Misión también ha examinado la información recibida del Foro Penal sobre 339

detenciones de personal militar y civiles asociados. De ellos, 187 siguen detenidos (dos han

cumplido plenamente sus condenas), 61 cuentan con medidas sustitutivas y 41 han sido

puestos en libertad (la situación del resto varía).

58. Las detenciones de la DGCIM tuvieron lugar durante el día, ya sea en el lugar de

trabajo o en la base militar del detenido o al convocarlo a una reunión en la que fue detenido.

En algunos casos, los funcionarios/as de la DGCIM no se identificaban y a menudo se cubrían

la cara y/o utilizaban alias. Los arrestos se realizaron en diferentes puntos del país. Los

detenidos eran llevados a Caracas, ya sea directamente a la DGCIM Boleíta o pasando

primero por una de varias “casas de seguridad” no oficiales o clandestinas durante horas o

días.

59. La DGCIM ha utilizado cada vez más instalaciones no oficiales o clandestinas desde

2018. La Misión documentó 24 casos de tortura que tuvieron lugar en esas instalaciones entre

2018 y 2019. La Misión pudo identificar seis de esos sitios sobre la base de la información

de las víctimas, los abogados/as, los familiares y las organizaciones, cuyos detalles figuran

en el informe de sesión.

60. Los funcionarios/as de la DGCIM no presentaron órdenes de aprehensión y/o no

explicaron el motivo de la detención. En varios casos, hubo una discrepancia entre la fecha

del último paradero conocido de la víctima y la fecha oficial de detención o la fecha oficial

en la orden de aprehensión. En el acta oficial se solía colocar la fecha de detención dentro de

las 48 horas de la comparecencia inicial, supuestamente para cumplir el plazo establecido por

la ley.

61. En cada uno de los casos investigados, en las horas o días siguientes a las detenciones,

las autoridades gubernamentales de alto nivel hicieron declaraciones públicas relacionadas

con la detención, afectando el derecho de las personas detenidas a la presunción de inocencia.

62. Una vez detenidos, se desconocía el paradero de las personas durante períodos que

iban de unos pocos días a más de una semana. No se les permitía llamar a sus familiares o

abogados/as para informarles de su detención o paradero. Cuando los familiares se dirigían a

las autoridades de las oficinas de la DGCIM para preguntar por su paradero, en algunos casos

no se les proporcionaba información y en otros se negaba el paradero de la víctima. La Misión

tiene motivos razonables para creer que se trata de desapariciones forzadas de corta duración.

63. La Misión examinó 77 casos en los que personal militar y asociados/as fueron

torturados bajo la custodia de la DGCIM. Los actos de tortura se produjeron generalmente

durante los interrogatorios, poco después del arresto mientras las personas detenidas estaban en régimen de incomunicación y antes de la comparecencia inicial ante el tribunal. Algunos

también fueron torturados durante períodos posteriores de detención en Boleíta.

64. Las preguntas formuladas a las personas detenidas sugieren que los actos se llevaron

a cabo para extraer una confesión, obtener información sobre la participación de otros en

presuntas conspiraciones y/o castigar al detenido. Los casos examinados por la Misión

sugieren que los métodos utilizados por los agentes de la DGCIM para infligir dolor han

evolucionado entre 2014 y 2020, con un marcado aumento de los niveles de violencia desde

2017.

65. La Misión constató numerosos actos de tortura y otros malos tratos, como fuertes

golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en

régimen de aislamiento en condiciones duras; violencia sexual y de género, incluida la

desnudez forzada y violación; cortes y mutilaciones; descargas eléctricas; uso de drogas para

inducir a la confesión; y tortura psicológica.

66. Algunos de estos actos provocaron lesiones físicas graves y/o permanentes. Esto

incluyó la pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductivas, abortos, sangre

en la orina y costillas rotas. Estos actos también provocaron traumas psicológicos graves y

depresión. El ex-capitán Rafael Acosta Arévalo murió bajo la custodia de la DGCIM. La

Misión tiene motivos razonables para para creer que su muerte fue resultado de tortura.

67. En tres casos investigados por la Misión, la DGCIM perpetró actos de violencia sexual

o de género contra los militares detenidos durante los interrogatorios para degradarlos,

humillarlos o castigarlos. Los funcionarios/as de ambos sexos de la DGCIM sometieron a las

personas a desnudez forzada, a veces durante días. Los custodios masculinos amenazaron

con violar a los detenidos con objetos punzantes, principalmente palos y bates, y en un caso

violaron a un detenido. Se administraban descargas eléctricas y golpes, incluso en los

testículos.

68. En la mayoría de los casos investigados, las víctimas no fueron llevadas a un

profesional médico antes de su comparecencia inicial ante el tribunal. En algunos casos, los

profesionales médicos proporcionaron pruebas médicas determinando que las personas

detenidas gozaban de buena salud o no habían sufrido malos tratos, a pesar de las evidencias

visibles de lo contrario.

69. Tras las comparecencias iniciales ante el tribunal, las personas detenidas permanecían

en prisión preventiva en una de varias instalaciones, aunque con mayor frecuencia en la

DGCIM Boleíta o en la prisión militar de Ramo Verde. En el informe de sesión, la Misión

describe detalladamente las condiciones de detención. En muchos casos, especialmente en la

DGCIM Boleíta, las condiciones eran lo suficientemente deficientes como para constituir

tortura o trato cruel, inhumano y degradante.

70. En algunos de los casos examinados, las personas también fueron sometidas a tortura

mientras estaban detenidas en espera de juicio en uno de los varios centros de detención. Esto

incluía principalmente duros regímenes disciplinarios y severos castigos durante su reclusión,

incluidas represalias en caso de denuncias.

 c. El sistema de justicia

71. La Misión constató que algunos fiscales y jueces/juezas desempeñaran un rol directo

en casos que constituían detenciones arbitrarias. En muchos casos, es difícil determinar si los

actores del sistema de justicia participaron voluntariamente en la detención arbitraria o si lo

hicieron bajo presión.

72. En los casos investigados, no había información indicando de que la legalidad de las

detenciones estuviera sujeta a revisión judicial. En diversas etapas del procedimiento, el

Estado no proporcionó pruebas sólidas para sustentar la participación de las personas

acusadas en la comisión de actos punibles. Posteriormente se reveló que las acusaciones

contra los acusados eran falsas o basadas en pruebas manipuladas. Las confesiones se

extraían sin la presencia de un abogado/a y/o bajo coacción. También se acusó a los civiles de delitos militares contenidos en el Código Orgánico de Justicia Militar, entre ellos traición

a la patria12, sustracción de pertenencias militares13, rebelión14 o ultrajes al centinela15

.

73. El incumplimiento de los plazos procesales establecidos en el Código Orgánico

Procesal Penal fue sistemático. Esas demoras dieron lugar a períodos prolongados de prisión

preventiva16, de más de dos años en muchos casos. Los tribunales no respondieron a las

solicitudes de hábeas corpus u otros recursos judiciales presentados por las personas

detenidas, o sus abogados/as, que cuestionaban esos retrasos. Algunos individuos siguieron

detenidos a pesar de haber cumplido sus sentencias. La gran mayoría de los casos que

examinó la Misión permanecieron en las fases preparatoria o intermedia, a pesar de que los

plazos de esas fases habían expirado en la mayoría de los casos.

74. Todos los casos examinados revelaron violaciones recurrentes de las garantías

procesales bajo los estándares nacionales e internacionales. Los detenidos políticos y

militares también se enfrentaban a interferencias en el derecho a una defensa adecuada y a

un abogado de su elección. Además, en muchos de los casos documentados, los tribunales

ignoraron las solicitudes de los acusados de contar con abogados/as de su elección y les

asignaron defensores públicos.

75. Cuando los acusados pudieron designar sus abogados/as, la capacidad del abogado/a

para preparar una defensa adecuada se vio obstaculizada. A veces no se proporcionaba a los

abogados/as los documentos esenciales. En otras ocasiones, no se les informaban las fechas

de las audiencias. Los abogados/as también se quejaron de que enfrentaban limitaciones en

las visitas a sus clientes y/o sufrían diversas formas de acoso e intimidación contra ellos o

sus familias.

76. La Misión constató que en muchos casos se eludían los procesos de distribución de

casos a fin de garantizar que los mismos se asignaran a fiscales y jueces/juezas específicas.

Los fiscales y jueces/juezas también han dicho que han sido presionados indebidamente.

Franklin Nieves, fiscal en el caso Leopoldo López, luego calificó el juicio como una farsa, y

que guardó silencio por miedo, debido a la presión ejercida por sus superiores.

77. Según la Constitución, “la jurisdicción de los tribunales militares se limita a los delitos

de carácter militar” y los delitos comunes, las violaciones de los derechos humanos y los

crímenes de lesa humanidad están sujetos a la jurisdicción ordinaria17. Tradicionalmente, ha

habido una interpretación restrictiva de la jurisdicción militar18. Sin embargo, especialmente

desde abril de 2017, el análisis de los casos realizado por la Misión reveló un uso cada vez

más frecuente de la jurisdicción militar para procesar y juzgar a civiles.

78. Las autoridades judiciales se negaron a ordenar la investigación de las denuncias de

tortura, incluso en los casos en que las víctimas comparecieron ante el tribunal con claros

indicios de malos tratos o declararon durante las audiencias que habían sido torturadas. En

varios casos, los jueces/juezas ordenaron que se devolviera a los acusados al lugar donde

afirmaban haber sido torturados, generalmente la DGCIM Boleíta.

 B. Violaciones en un contexto de control social o de seguridad

 1. Antecedentes

79. Las violaciones de los derechos humanos comprendidas bajo el mandato de la Misión,

en particular las ejecuciones extrajudiciales, también se produjeron en el contexto de las

operaciones de seguridad. Se trataba de operaciones policiales y/o militares destinadas a combatir la delincuencia, que resultaron en a un elevado número de ejecuciones

extrajudiciales contra personas consideradas como delincuentes.

80. Según la Constitución “el derecho a la vida es inviolable” y la pena de muerte está

prohibida19. Las leyes orgánicas de las distintas fuerzas policiales, incluida la PNB20 (y su

reglamento21) y el CICPC22 permiten el uso de la fuerza letal si es necesario para proteger la

vida de un agente de policía o de un tercero.

81. En general, no se dispone de información oficial sobre los asesinatos cometidos por

las fuerzas de seguridad del Estado. En el informe de sesión, la Misión brinda un amplio

panorama de los datos recopilados por otros, incluidos los del Ministerio del Poder Popular

para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (en adelante Ministerio del Interior), la ex Fiscal

General y las ONGs Observatorio Venezolano de Violencia y Cofavic. Incluso las

estimaciones más bajas sugieren que los asesinatos cometidos por agentes del Estado en

Venezuela se encuentran entre las tasas más altas de América Latina. Si bien no todos estos

asesinatos fueron necesariamente ilegales, estas estimaciones brindan antecedentes

relevantes de las violaciones documentadas por la Misión.

82. La Misión solicitó información al Gobierno sobre el avance de las investigaciones de

los asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado. Hasta la fecha de redactar

el presente informe, no ha recibido respuesta. La gran mayoría de los casos de asesinatos

cometidos por las fuerzas de seguridad no han sido objeto de enjuiciamiento. Las principales

excepciones son la investigación del Ministerio Público sobre 43 Operaciones de Liberación

del Pueblo/Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP), y sobre el caso

Barlovento.

 2. Las Operaciones de Liberación de Pueblo (OLP) y las Operaciones de Liberación

Humanista del Pueblo (OLHP)

 Estrategia y objetivos

83. La Misión investigó y examinó 140 OLPs/OLHPs23, cinco de las cuales se detallan en

el informe de sesión como estudios de casos. También investigó la operación militar en

Barlovento, que se diferenciaba en algunos aspectos de otras operaciones, ya que se llevó a

cabo de conformidad con un plan militar, el Plan Rondón.

84. Los representantes del Gobierno presentaron las OLPs como una serie de operaciones

conjuntas militares y policiales, que comenzaron en julio de 2015 y continuaron hasta julio

de 2017, destinadas a liberar a los territorios de la actividad delictiva. Inicialmente

implementadas cinco meses antes de las elecciones a la Asamblea Nacional de diciembre de

2015, hay indicios de que las OLPs fueron un esfuerzo por ganar popularidad electoral al

mostrar resultados en la lucha contra la delincuencia.

85. Una primera fase de operaciones tuvo lugar de julio de 2015 y mayo de 2016 y en

mayo de 2016 se inició oficialmente una nueva fase. El 13 de julio de 2016, un año después

de la primera operación, el Ministro del Interior anunció que se habían realizado 143

operaciones durante el primer semestre de 2016.

86. En enero de 2017, el Gobierno relanzó las OLPs como Operaciones de Liberación

Humanista del Pueblo - OLHP. En una declaración televisada, el Presidente Maduro dijo que

las OLPs “tenido una buena experiencia, pero también han sido objetos de señalamientos,

críticas por diversos sectores”. El Gobierno publicó un Protocolo de Acción para las OLHPs,

que contiene información sobre la organización y el diseño operativo24. 

87. A mediados de 2017, los representantes del Gobierno habían dejado de referirse en

gran medida a las OLPs/OLHPs en sus declaraciones, lo que indicaba un cambio de

estrategia. Este cambio coincidió con el anuncio público del 14 de julio de 2017 de que una

fuerza táctica especializada, las FAES, establecida dentro de la PNB, tomaría el liderazgo en

la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

88. Las operaciones implicaron el despliegue de considerables recursos humanos y

logísticos. En julio de 2016, el Ministro del Interior dijo que hasta esa fecha habían

participado en las operaciones 95.021 funcionarios/as policiales y militares. Las OLPs se

implementaron en 19 de los 24 estados. De los 140 casos examinados por la Misión, la

mayoría tuvo lugar en el área metropolitana de Caracas y en los estados de Miranda y

Carabobo.

89. Un patrón común es que las OLPs comenzaron durante las primeras horas de la

mañana, a menudo antes del amanecer, y que las fuerzas de seguridad bloquearon las calles

de los barrios para que la gente no pudiera entrar o salir. Las OLPs se realizaban

principalmente en barrios urbanos de bajos ingresos. En las operaciones participaron

funcionarios/as de seguridad de ambos sexos.

90. Se anunció que varias de las operaciones tenían objetos criminales específicos. En

algunos casos, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una labor previa de inteligencia para

identificar a estas personas, que incluía la infiltración en actividades comunitarias, el

reclutamiento de trabajadores/as sexuales, la utilización de drones, la revisión de fotografías

y perfiles en las redes sociales y la revisión de contactos y fotografías en teléfonos celulares

incautados a delincuentes conocidos. La mayoría de las personas asesinadas en los casos

investigados no tenían antecedentes penales ni órdenes de detención pendientes en su contra.

 Asesinatos en OLPs/OLHPs

91. Hay motivos razonables para creer que las fuerzas de seguridad cometieron

ejecuciones extrajudiciales, así como arrestos y detenciones arbitrarias durante las OLPs y

las OLHPs.

92. En sus investigaciones, el Ministerio Público identificó a 505 personas muertas

durante las OLPs (502 hombres y 3 mujeres, incluidos 27 adolescentes). En los 140 casos

examinados por la Misión, 413 personas fueron asesinadas (306 hombres, entre ellos 16

menores, y 3 mujeres. No se disponía de información sobre el sexo de 104 víctimas). En 52

casos se registraron entre una y tres muertes y en 36 casos se registraron entre cuatro y nueve

muertes en una sola operación. En ocho casos se registraron diez o más muertes en una sola

operación.

93. Existe un patrón claro de que el Gobierno afirme que las muertes ocurrieron como

resultado de enfrentamientos o que las víctimas se resistían a la autoridad en el momento de

su muerte. En la mayoría de los casos, los familiares de las víctimas, por lo general mujeres,

ancianos y niños, fueron sacados de las casas por las fuerzas de seguridad, limitando los

testigos en el lugar de los hechos a las fuerzas de seguridad únicamente.

94. Estas afirmaciones contrastan con los relatos de familiares y otros testigos que vieron

por última vez a la víctima con vida bajo el control de agentes de seguridad armados. Además,

las víctimas recibieron disparos mortales en áreas vitales, a veces a quemarropa. Los disparos

mortales sugieren que las fuerzas de seguridad no intentaron emplear métodos no letales de

control, disuasión o contención antes del uso de la fuerza letal. En los casos investigados, no

se reportaron muertos por parte de las fuerzas de seguridad, por lo que parece improbable

que hubiera un enfrentamiento armado.

95. Hay motivos razonables para creer que durante las OLPs/OLHPs, las fuerzas de

seguridad falsificaron pruebas o simularon enfrentamientos. Las denuncias de encubrimiento

documentadas incluían plantar armas o contrabando, disparar contra las paredes de la casa

para que pareciera que se había producido un tiroteo y disparar al aire mientras se gritaba que

las víctimas intentaban escapar. 

96. Si bien las cifras oficiales varían, el Ministerio Público dijo que, entre julio de 2015 y

marzo de 2017, las fuerzas de seguridad detuvieron a 2.911 personas

25. Un año después del

lanzamiento oficial de las OLPs, el Ministro del Interior se refirió a 2.399 personas detenidas

por diferentes delitos. La ONG PROVEA ha documentado aún más, informando de un

estimado de 15.946 detenciones en el contexto de las OLPs sólo en 201526

.

97. La Misión analizó datos del Ministerio Público sobre 329 casos de detenciones en más

de 160 operaciones, en las que participaron 877 personas presuntamente detenidas en

flagrancia, durante las OLPs realizadas entre el 12 de julio de 2015 y el 13 de octubre de

2016. Los delitos más comunes fueron 1) resistencia a la autoridad (26,8%); 2) posesión

ilegal de armas de fuego (7%); 3) contrabando (8,2%); y/o 4) tráfico de drogas (7,6%). No

se dispone de información sobre los resultados de estos casos.

98. Surgieron algunos patrones comunes en el modus operandi de las detenciones. Las

fuerzas de seguridad no presentaron órdenes de aprehensión ni informaron a las personas

detenidas de las razones de su detención. Las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia

durante las detenciones. La Misión también documentó detenciones temporales de familiares

de las víctimas asesinadas, en particular mujeres, niños y mayores de edad, que fueron

retirados por la fuerza de las casas o detenidos por breves períodos.

99. Los agentes de seguridad entraron en las casas e incautaron objetos sin una orden de

allanamiento. La Misión también documentó denuncias constantes de testigos y víctimas de

que las fuerzas de seguridad destruyeron muebles e instalaciones y robaron bienes como

alimentos y enseres domésticos, así como dinero en efectivo, teléfonos celulares,

computadoras y otros objetos de valor.

100. Las víctimas de las ejecuciones y detenciones llevadas a cabo por las fuerzas de

seguridad fueron en su mayoría hombres jóvenes. Los agentes que participaron en las

operaciones también perpetraron actos de violencia contra las mujeres, la mayoría de las

veces durante el proceso de sacar a los familiares de sus hogares.

101. Las mujeres familiares eran generalmente las que presentaban las denuncias sobre el

asesinato de sus familiares o buscaban información sobre su paradero. Los familiares

supervivientes también se enfrentaban a las dificultades sociales y económicas adicionales

derivadas de las ejecuciones, detenciones y redadas.

 3. Otras ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas policiales

102. Existen motivos razonables para creer que agentes de dos cuerpos de policía -la

PNB/FAES y el CICPC- cometieron ejecuciones extrajudiciales durante operaciones de

seguridad fuera del contexto de las OLPs/OLHPs.

103. La FAES fue creada en abril de 2016 como una fuerza táctica de “élite” dentro de la

PNB. Fuentes con conocimiento interno de la fuerza la describieron para la Misión como

poco profesional y sin entrenamiento.

104. La Misión investigó 11 casos relacionados con 18 ejecuciones extrajudiciales por las

fuerzas de seguridad del Estado, que se incluyen en los estudios de casos del informe de

sesión. La Misión también realizó un amplio examen de los casos denunciados por la prensa

local entre enero de 2014 y diciembre de 2019 a fin de corroborar los patrones y los cambios

a lo largo del tiempo. En total, la Misión examinó 2.417 incidentes en los que se produjeron

4.681 muertes por parte delas fuerzas de seguridad fuera del contexto de las OLPs/OLHPs.

105. Las investigaciones revelaron que dos fuerzas de seguridad, el CICPC y la

PNB/FAES, fueron responsables del 59% de los asesinatos en los años examinados. Ambas

instituciones dependen administrativa y funcionalmente del Ministerio del Interior. Entre

2014 y 2018, el CICPC fue la fuerza de seguridad más implicada en los casos (45,4%).

Posteriormente, en 2019, el PNB/FAES fue identificado como responsable en la mayoría de

los casos (64,5% de los casos). 

106. En los casos examinados, las víctimas eran en su mayoría varones jóvenes. Las

víctimas masculinas se encuentran entre los siguientes rangos de edad: menores de 18 años

(6%), entre 18 y 25 años (51%), entre 26 y 35 años (31%) y mayores de 35 años (11%). Sólo

27 de los casos examinados se referían a mujeres como víctimas de asesinatos.

107. Aunque las mujeres no fueron el principal objeto de la violencia física en las

operaciones, en por lo menos 4 de los 11 casos documentados, las mujeres familiares

denunciaron haber sido agredidas físicamente por las fuerzas de seguridad. En casi todos los

casos documentados, las parientes femeninas supervivientes informaron de que habían

sufrido importantes dificultades económicas tras la ejecución de sus hijos, hermanos o

maridos.

108. En los casos investigados, la policía se acercó directamente a las casas, sugiriendo que

tenían inteligencia previa para identificar y localizar a las víctimas. Según las investigaciones,

la PNB/FAES mantenía archivos con información sobre la víctimas, incluidas fotos,

nombres, apodos y presuntos delitos cometidos. Las personas entrevistadas también

confirmaron que se obtuvo información de informantes comunitarios, incluidos los Consejos

Comunitarios.

109. En general, sin embargo, los funcionarios/as de la PNB/FAES entrevistados

coincidieron en que el trabajo de inteligencia era deficiente, carecía de recursos adecuados y

con frecuencia era incorrecto.

110. Los asesinatos se produjeron con mayor frecuencia en la casa de las víctimas o en el

vecindario. En varios casos, la policía llevó a cabo las operaciones a primera hora de la

mañana o a última hora de la noche, en momentos en que las victimas probablemente se

encontraban en su casa. La policía ingresó a las casas sin presentar una orden judicial. Para

asegurarse de que no hubiera testigos, la policía sacaba de sus casas a los familiares de la

víctima, principalmente mujeres, personas mayores y niños y niñas, o los aislaba de la víctima

en lugares separados de la casa.

111. En varios casos, se acordonaron los barrios y se dijo a los vecinos que permanecieran

dentro de sus casas. Algunos todavía podían ver u oír ciertos acontecimientos relevantes,

como gritos o disparos. En algunos casos, la policía dijo a los familiares que estaban llamando

por radio a la sede para verificar los antecedentes penales de la víctima mortal antes de que

se cometieran los asesinatos.

112. Una fuente con conocimiento interno de las operaciones de la PNB/FAES dijo a la

Misión que, después de la verificación de antecedentes, el jefe de la operación en

comunicación directa con los superiores podría solicitar y recibir “luz verde para matar”.

Matar correspondía al código “Ochentear (80)”.

113. La Misión documentó un patrón de disparos a quemarropa en áreas vitales, incluyendo

la cabeza y el tórax, con uno o dos disparos. Un ex oficial de la PNB/FAES entrevistado dijo

que él y sus colegas se refieren a los asesinatos como “cuadrar a las personas”. Este

entrevistado dijo que hay un “triángulo” desde el pecho de la víctima hacia arriba “donde se

permite disparar a la gente”.

114. La versión oficial de los hechos en muchos casos fue que las víctimas fueron

asesinadas en resistencia a la detención, en un enfrentamiento y/o durante un intercambio de

disparos. Sin embargo, la Misión recibió pruebas directas que contradicen la versión oficial.

Los testigos entrevistados declararon que las víctimas fueron vistas u oídas por última vez

bajo el control de los agentes de policía, incluso en una cama, en el suelo, con una capucha

sobre la cabeza de la víctima o con las manos levantadas. A pesar de los esfuerzos por

retirarlas del lugar de los hechos, en algunos casos los testigos vieron a los agentes hacer el

disparo fatal.

115. La Misión identificó un patrón de denuncias de que la policía intentaba encubrir los

asesinatos simulando enfrentamientos. Ello incluye alterar la escena del crimen y/o destruir

pruebas forenses; simular un tiroteo o una fuga de la víctima; disparar un tiro de la mano de

la víctima para dejar rastros de pólvora; colocar armas o contrabando y trasladar a las víctimas

a los hospitales incluso si la persona estaba muerta.

116. Funcionarios/as de la PNB/FAES corroboraron estas denuncias, confirmando

prácticas de simulación de un aparente enfrentamiento. Un ex oficial de la FAES dijo que los

funcionarios/as suelen hacer disparos para imitar un tiroteo “o toman un arma ilegal que

tienen [...] y la dejan allí”. Otra fuente dijo a la Misión que la policía solía colocar un arma o

una granada (llamada en la jerga “misiones agrícolas” para plantar “semillas”) y luego

alegaba que hubo un enfrentamiento armado.

117. Las propias fuerzas policiales han publicado o confirmado información en prensa

sobre los asesinatos, en algunos casos acompañada de mensajes en las redes sociales que

contenía información sobre los antecedentes penales de las víctimas, sus apodos de pandillas

o fotos de ellas empuñando armas.

118. En 723 de los casos examinados por la Misión, los familiares de las víctimas dijeron

que la víctima no tenía antecedentes penales. En 67 casos revisados por la Misión, los medios

de comunicación reportaron que la policía había ido a un vecindario a buscar a cierta persona

o delincuente, pero había matado a otra persona por error.

119. Una denuncia que apreció en casi todos los casos investigados fue que los agentes de

policía se llevaron bienes básicos (alimentos, ropa) y objetos de valor (dinero en efectivo,

joyas, electrónica) de las casas de las víctimas mortales. Varias fuentes dijeron que los

beneficios financieros y/o el control de los mercados delictivos constituían un incentivo para

los asesinatos, especialmente a la luz de los bajos salarios de los policías, o que los asesinatos

eran relacionados con la retribución o las dinámicas de poder dentro de las relaciones

delictivas.

 C. Violaciones en el contexto de las protestas

120. Desde 2014, se han producido en Venezuela una serie de acontecimientos que

cuestionaban las decisiones del Gobierno y denunciaban la situación política, económica y

social. Según la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad

Social, entre enero de 2014 y diciembre de 2019 se produjeron 61.295 protestas.

121. Las manifestaciones alcanzaron su punto máximo en determinados momentos. Una

revisión de los datos disponibles indica que las violaciones de los derechos humanos fueron

mayores en los meses y años en que las protestas se relacionaron con la crisis política. Los

períodos de especial intensidad fueron de febrero a abril de 2014, de abril a julio de 2017 y

de enero a febrero de 2019. La Misión dio prioridad a la investigación de las violaciones que

ocurrieron durante esos períodos.

122. La Misión examinó 97 casos en los ocurrieron violaciones de derechos humanos. De

ellas, 14 aparecen en el informe de sesión como estudios de casos detallados. Las

manifestaciones fueron tanto planificadas como espontáneas, en las que participaron

estudiantes, partidos políticos, asociaciones de vecinos, ONGs, sindicatos y asociaciones

profesionales, denunciando preocupaciones relacionadas con la situación política y los

derechos económicos y sociales.

123. Muchas protestas causaron trastornos en el transporte, ya sea por el volumen de los

manifestantes, o por sentadas o bloqueos de carreteras, incluidas las “guarimbas” hechas de

diferentes tipos de artículos.

124. De las protestas revisadas por la Misión, 13 involucraron algún tipo de enfrentamiento

entre las fuerzas de seguridad y los y las manifestantes. Las fuerzas de seguridad dispararon

botes de gas lacrimógeno, pistolas de perdigones antidisturbios y utilizaron camiones

hidrantes. La Misión revisó más de 70 vídeos filmados en manifestaciones, ninguno de los

cuales daba indicios de que las fuerzas de seguridad intentaron adoptar medidas no violentas,

como el diálogo o las advertencias, antes de tomar esas medidas.

125. Algunas personas que participaron en las protestas también cometieron actos

violentos, como lanzar piedras o cócteles molotov a las fuerzas de seguridad, que podrían ser

actos delictivos. En ocasiones, los y las manifestantes utilizaron dispositivos de mortero

improvisados para disparar material explosivo de capacidad baja.

126. En virtud de la Constitución de 1999, es deber de la policía mantener el orden

público27. La Constitución también otorga al GNB la “responsabilidad básica de conducción

de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país”28

.

127. Desde 2014, la estructura de mando que respondía a las protestas se ha militarizado

cada vez más. Con la Resolución Nº 8610 de enero de 2015, el Ministro de Defensa autorizó

a las FANB a intervenir en reuniones y manifestaciones públicas. En abril de 2017, el

Presidente activó el Plan Zamora, en el que se describe una respuesta militar en las protestas

y contra diferentes categorías de personas percibidas como enemigos. De ese plan matriz se

derivaron otros planes militares selectivos, por ejemplo, el Plan Guaicaipuro y el Plan

Zamora Fragmentada en el estado de Mérida.

128. Varios planes y políticas aplicados a las manifestaciones ofrecían un margen para la

intervención militar y paramilitar en las protestas y, en ocasiones, para la participación de

colectivos, o grupos de ciudadanos armados, en tareas de seguridad.

 1. Detenciones arbitrarias y preocupaciones por el debido proceso

129. La Misión tiene motivos razonables para creer que durante las protestas en los

períodos examinados (febrero a abril de 2014, abril a julio de 2017 y enero a febrero de 2019),

se produjeron repetidas detenciones arbitrarios de manifestantes en violación de su derecho

a la libertad y la seguridad.

130. No se dispone de estadísticas oficiales públicas, pero las organizaciones de la sociedad

civil han intentado hacer un seguimiento del número de detenciones en el contexto de las

protestas, identificando entre 345929 y 3696 en30 2014, entre 255331 y 554932 en 2017 y una

cifra estimada de 225233 en 2019.

131. En abril de 2014, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que interpretaba que

el derecho de reunión pacífica previsto en la Constitución34 y en la Ley de Partidos Políticos,

Reuniones Públicas y Manifestaciones de 2010 requiere una autorización previa de las

autoridades locales35. El Tribunal sostuvo que el hecho de no obtener autorización “limita

absolutamente el derecho a la manifestación pacífica, impidiendo que se celebre cualquier

tipo de reunión o manifestación” y que quienes protestan sin autorización podrían incurrir en

responsabilidad penal por desobedecer a la autoridad.

132. La Misión observa que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia parece

contradecir las obligaciones internacionales de Venezuela relacionadas con el derecho de

reunión pacífica, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Las normas de derechos humanos obligan a los Estados a permitir las reuniones pacíficas sin

interferencias injustificadas y a facilitar el ejercicio del derecho. Los sistemas de notificación

están permitidos para facilitar la organización de las manifestaciones pacíficas, pero no deben

utilizarse indebidamente para reprimirlas.

133. Las personas detenidas fueron mantenidas en régimen de incomunicación antes de ser

llevadas ante un juez para su comparecencia inicial ante el tribunal, sin poder ponerse en

contacto con sus familiares y abogados/as. En la mayoría de los casos, no se informaba a las

personas detenidas de los motivos de su detención hasta la comparecencia inicial, que a

menudo se llevó a cabo más allá de las 48 horas posteriores a la detención exigidas por la

Constitución36.

134. En los casos investigados, fueron detenidas 403 personas. De ellas, 312 fueron

acusadas de un delito durante la comparecencia inicial. En 66 casos, el juez ordenó que las

personas continuaran en prisión preventiva. El examen de los casos por parte de la Misión no

reveló una base para la presunción razonable de riesgo de fuga u obstrucción de la

investigación, como se requiere para mantener las medidas de detención37

.

135. Los delitos más comunes imputados en la jurisdicción civil fueron los delitos de

instigación pública38, instigación a cometer un delito39, agavillamiento40 y obstrucción de la

vía pública41. En menor medida, las personas detenidas fueron acusadas de los delitos de

daños o incendio42, uso de adolescentes para delinquir43 y posesión de sustancias

incendiarias44

.

136. La Misión tiene motivos razonables para creer que en algunos casos las acusaciones

se basaron en evidencia que las fuerzas de seguridad colocaron o fabricaron. Esos actos

incluyeron la falsificación de informes policiales o la toma de fotografías de manifestantes

posando junto a cócteles molotov. La Misión entrevistó a un testigo que trabajó durante más

de diez años en los servicios de inteligencia de Venezuela, quien afirmó que “hubo momentos

en que hubo intervenciones contra estudiantes, pero no había mérito para hacerlo, por lo que

[la GNB] tuvo que plantar información”.

137. En 2017, muchos manifestantes detenidos fueron procesados bajo la jurisdicción

militar, en contra del principio de “juez natural” que figura en el párrafo 4 del artículo 49 de

la Constitución. Los cargos más comunes fueron los delitos de ataque al centinela (un delito

militar que implica el ataque a un guardián militar, que impone una pena de 14 a 20 años de

prisión), la rebelión y los daños a las instalaciones a las fuerzas armadas.

138. La Misión constató que la independencia judicial fue menoscabada y la injerencia del

ejecutivo en los procesos judiciales contribuían a las detenciones arbitrarias de los

manifestantes. Un ex juez dijo que “la presión fue tremenda durante esos días [2014] y

también el miedo a las represalias”. Dijo que el ejecutivo ordenó a los jueces/juezas otorgar

órdenes de detención y allanamiento contra ciertas personas. El ex juez dijo que el presidente

del circuito judicial lo visitó más de una vez y le preguntó por qué había liberado a los

manifestantes “cuando la orden era dejarlos detenidos”.

 2. Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes

139. La Misión tiene motivos razonables para creer que las fuerzas de seguridad, incluidas

la GNB, la PNB y el SEBIN, sometieron a manifestantes a torturas y tratos crueles,

inhumanos o degradantes durante el periodo examinado.

140. Las personas permanecieron en detención entre tres días y casi tres años. En casi todos

los casos examinados, se negó a las personas detenidas el contacto con sus familias o

abogados/as antes de las comparecencias iniciales ante el tribunal. Los detenidos fueron

recluidos junto con otras numerosas personas que habían sido arrestadas en el contexto de las

protestas y que experimentaron situaciones similares a las descritas en los casos investigados.

141. Las personas detenidas sufrieron malos tratos y torturas durante el arresto y el traslado

a los centros de detención, así como durante la detención. Las instalaciones utilizadas para

mantener a las personas detenidas antes de las comparecencias iniciales ante el tribunal no

estaban equipadas como centros de detención, ya que carecían de espacio para dormir,

instalaciones sanitarias o alimentos y agua. El hacinamiento era común.

142. La Misión constató que los actos de tortura o malos tratos infligidos a las personas

arrestadas y detenidas en las protestas incluían golpizas, descargas eléctricas, ser forzadas a 

posiciones de estrés, exposición a gases lacrimógenos en áreas cerradas, violencia sexual y

de género y/o tortura y malos tratos psicológicos.

143. La tortura y/o los malos tratos contra manifestantes parecían tener fines de castigo,

como revela el lenguaje utilizado por las fuerzas de seguridad para humillarlos o insultarlos.

En otros casos, la tortura y/o los malos tratos fueron para extraer información. En muchos

casos, las personas entrevistadas relataron que los agentes de seguridad les obligaron a firmar

documentos que decían que sus derechos habían sido respetados y que no habían sido

maltratados durante la detención.

144. Algunas personas detenidas durante las manifestaciones, en particular las

identificadas como líderes, fueron trasladadas a las instalaciones del SEBIN. Allí estuvieron

detenidos durante largos períodos, durante el cual fueron sometidos a diversas formas de

tortura y malos tratos.

 3. Asesinatos en las protestas

145. La Misión tiene motivos razonables para creer que en los casos investigados no se

respetaron las normas internacionales y nacionales sobre el uso de la fuerza, lo que provocó

privaciones arbitrarias de la vida. Las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal contra la

víctima cuando no era estrictamente inevitable para proteger vidas. Las fuerzas de seguridad

también utilizaron armas menos letales de manera letal, lo que provocó la muerte de los y las

manifestantes.

146. La Misión investigó 36 casos de asesinatos en protestas (32 hombres y 4 mujeres)

sobre la base de la información recopilada de fuentes directas y publicada por fuentes

gubernamentales y ONGs. El Ministerio Público informó de 43 muertes en las protestas de

201445 y 124 (entre abril y julio) en 201746. Según las ONGs, entre 4147 y 6148 personas

murieron en las protestas de enero y febrero de 2019.

147. Distintas fuerzas de seguridad fueron responsables de los asesinatos, la mayoría de las

veces la GNB, seguido por la PNB, la policía local, otros miembros de las FANB y el SEBIN.

La Misión examinó siete casos en los que colectivos, grupos de ciudadanos armados, fueron

responsables de usar armas letales que mataron a manifestantes. En cada uno de estos casos

investigados, las fuerzas de seguridad del Estado no intervinieron.

148. El Ministerio Público ha tomado algunas medidas para investigar los asesinatos, en

particular antes del cambio de Fiscal General en 2017. Sin embargo, de los 165 casos de

asesinatos en las protestas de 2014, 2017 y 2019, sólo 5 han dado lugar a una condena y

sanciones (4 en 2014 y 1 en 2017).

149. ALFAVIC2017, una organización formada por los padres y familiares de 14 víctimas

de asesinatos en protestas, informa que se ha enfrentado a obstáculos al intentar aclarar las

circunstancias que rodean a las muertes49. Entre ellas figuran el hecho de que los fiscales no

compartan los expedientes de los casos con abogados/as privadas, la elevada rotación de los

fiscales asignados a los casos y la negativa de la GNB a proporcionar información relevante

para las investigaciones.

150. El derecho a la vida en virtud del PIDCP impone al Estado la obligación positiva de

investigar y enjuiciar todas las denuncias de privación arbitraria de la vida, tanto si son

cometidas por agentes estatales como por particulares, incluidas las denuncias de uso

excesivo de la fuerza50. 

V. Responsabilidades

151. La Misión tiene motivos razonables para creer que los actos y conductas descritos en

este informe constituyen asesinatos arbitrarios, incluyendo ejecuciones extrajudiciales,

torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes -incluyendo violencia sexual

y de género-, desapariciones forzadas (a menudo de corta duración) y detenciones arbitrarias,

en violación de la legislación nacional y las obligaciones internacionales de Venezuela.

152. Las violaciones de los derechos humanos y los delitos investigados por la Misión y

descritos en el presente informe dan lugar a la responsabilidad del Estado y a la

responsabilidad penal individual, ya sea en virtud del derecho penal nacional o internacional,

o de ambos.

153. El Estado, como principal titular de obligaciones internacionales en materia de

derechos humanos, es responsable de todos los actos que le son atribuibles y que constituyen

una violación de las obligaciones internacionales. Además de la obligación del Estado de

prevenir las violaciones de los derechos humanos y garantizar recursos accesibles y efectivos

a las personas cuando se produzcan, el hecho de que el Estado no investigue y lleve ante la

justicia a los autores de esas violaciones da lugar por sí mismo a una violación separada de

las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

 Conclusiones por contexto

154. Con respecto a las violaciones cometidas por los servicios de inteligencia contra

disidentes políticos y militares, la Misión ha registrado en su base de datos los nombres de

los oficiales identificados por las víctimas como los responsables directos de las violaciones

y los crímenes cometidos. La Misión también tiene motivos razonables para creer que las

autoridades de alto nivel del SEBIN y la DGCIM cometieron, ordenaron o contribuyeron a

las violaciones, o sabían que los subordinados las estaban cometiendo y, teniendo la autoridad

para hacerlo, no las previnieron ni las reprimieron.

155. La responsabilidad individual de determinados fiscales o jueces/juezas por

violaciones o crímenes, por actos u omisiones, merece una investigación adicional. En ciertos

casos, los fiscales y jueces/juezas han tenido un papel directo en casos que constituyen

detenciones arbitrarias. Además, el poder judicial no ha actuado como un control de los

demás actores estatales, permitiendo la impunidad de las violaciones y los delitos cometidos.

156. En relación con las violaciones y los delitos cometidos durante las OLPs y las OLHPs,

la Misión constató que las ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por oficiales

pertenecientes a las fuerzas armadas, la policía y los servicios de inteligencia, que actuaron

conjuntamente. La Misión tiene motivos razonables para creer que funcionarios/as de alto

nivel de esas instituciones contribuyeron a la comisión de los delitos documentados. Además,

la Misión tiene motivos razonables para creer que los comandantes y superiores del ejército

y de la policía o deberían haber sabido de las violaciones cometidas durante las operaciones

y, habiendo tenido un mando y control efectivos, no adoptaron medidas adecuadas para

prevenirlas y reprimirlas.

157. En relación con el caso Barlovento, la Misión tiene motivos razonables para creer que

la responsabilidad por las violaciones y los crímenes cometidos se extiende más allá de las

personas identificadas como responsables y acusadas por el Ministerio Público.

158. En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la PNB/FAES y el CICPC,

la Misión tiene motivos razonables para creer que ciertas autoridades de alto nivel tenían

conocimiento de esos delitos y contribuyeron a su comisión, mientras que otras, en su calidad

de comandantes y superiores, sabían o deberían haber sabido de su comisión y, teniendo un

mando y control efectivo, no adoptaron medidas para prevenirlos o reprimirlos. La

responsabilidad de las autoridades regionales y estatales de estas fuerzas corresponde a las

áreas en las que ejercieron una autoridad y un control efectivo.

159. En cuanto a las violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas,

en los casos investigados la Misión ha reunido información sobre personas y unidades

presuntamente implicadas en la perpetración de detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y privación arbitraria de la vida, en diversos niveles de la

cadena de mando, incluidos los niveles táctico, operacional, estratégico y político. La Misión

observa que se necesitarían más investigaciones para determinar las responsabilidades

individuales específicas, especialmente en los niveles bajo y medio de autoridad y control.

 Responsabilidad penal individual

160. La Misión tiene motivos razonables para creer que la mayoría de las violaciones y

crímenes documentados en el presente informe se cometieron en el marco de un ataque

generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque,

de conformidad con dos políticas estatales distintas o en apoyo de las mismas. En primer

lugar, se aplicó la política de silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno del

Presidente Maduro, incluso atacando a las personas que, por diversos medios, demostraron

su desacuerdo con el Gobierno o fueron consideradas contrarias a él, así como a sus familiares

y amigos que fueron objeto de ataques por estar asociados/as con ellos. En segundo lugar,

existía una política de lucha contra la delincuencia, que incluía la eliminación de las personas

consideradas “delincuentes” mediante su ejecución extrajudicial.

161. La Misión tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron los

siguientes crímenes de lesa humanidad en el período que se examina: asesinato,

encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras

formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas en el caso Barlovento y otros

actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o

graves daños al cuerpo o a la salud mental o física. Algunas de las mismas conductas pueden

constituir también el crimen de lesa humanidad de persecución, tal como se define en el

Estatuto de Roma.

162. Todas las violaciones y los delitos documentados en el presente informe dan lugar a

responsabilidad penal individual, ya sea como crímenes de lesa humanidad o como delitos

distintos establecidos en la legislación nacional, o ambos. La Misión no trata de determinar

las modalidades de participación en el delito, y de responsabilidad, en las que pueden incurrir

las distintas personas mencionadas a lo largo del presente informe. Sin embargo, el informe

presenta amplia información que demuestra que, en el período que se examina, las

autoridades estatales -tanto a nivel presidencial como ministerial- tenían y ejercían su poder

y supervisión sobre las fuerzas y organismos de seguridad civiles y militares identificados en

el informe como autores de violaciones y delitos documentados: las FANB (incluida la

GNB), la PNB (incluidas las PNB/FAES), el CICPC, las fuerzas de policía municipales y

estatales, el SEBIN y la DGCIM.

163. La información disponible indica que las medidas adoptadas por las autoridades

estatales para prevenir o sancionar esos delitos, o para ofrecer un recurso efectivo a las

víctimas, fueron en gran medida insuficientes. Al mismo tiempo, hay múltiples indicios de

que, a pesar de tener conocimiento de los delitos documentados en el presente informe, las

autoridades no sólo no cambiaron su curso de acción, sino que, de hecho, siguieron adoptando

políticas y planes y contribuyeron a su aplicación, lo que dio lugar a la comisión de esos

delitos. Las autoridades realizaron contribuciones esenciales, incluyendo la proporción de los

recursos materiales, logísticos y humanos necesarios para las operaciones de seguridad e

inteligencia que, como se documenta en el presente informe, dieron lugar a la comisión de

los delitos.

164. La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los

Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa,

ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe,

y teniendo la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas.

Los contornos exactos y el alcance de esas contribuciones deben ser debidamente

investigados y las autoridades judiciales competentes deben determinar su responsabilidad

penal individual, ya sea en una jurisdicción nacional, de acuerdo con sus propias

legislaciones, o internacional.

165. La Misión también tiene motivos razonables para creer que los directores de las

entidades de seguridad e inteligencia que participaron en la comisión de los delitos documentados en el presente informe ordenaron o contribuyeron a la comisión de esos delitos

y, al tener la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas.

Es preciso investigar debidamente los contornos exactos y el alcance de esas contribuciones

y las autoridades judiciales competentes deben determinar su responsabilidad penal

individual, ya sea en una jurisdicción nacional, de acuerdo con sus propias legislaciones, o

internacional.

166. Los autores directos de los delitos documentados en el presente informe son

responsables de sus actos. Sus supervisores inmediatos y otras personas de la cadena de

mando que tenían o debían tener conocimiento de los delitos, tenían un control efectivo sobre

sus subordinados y no adoptaron medidas adecuadas para prevenir o sancionarlos, también

son responsables de su conducta delictiva. Sus actos deben ser debidamente investigados y

las autoridades judiciales competentes deben determinar su responsabilidad penal individual.

 Recomendaciones

167. En el informe de sesión, la Misión hace 65 recomendaciones detalladas sobre las

medidas que deben tomarse para abordar las violaciones y crímenes documentados, incluidos

los factores estructurales que contribuyen a las violaciones. La Misión recomienda que la

República Bolivariana de Venezuela lleve a cabo de inmediato investigaciones efectivas,

exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones de derechos

humanos y los crímenes descritos en el presente informe, haciendo que los responsables

rindan cuentas de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. y

estándares, y brindando justicia a las víctimas. El Estado debe asegurar que las

investigaciones incluyan a los de mayor responsabilidad, respecto de todas las violaciones y

delitos documentados.

168. La Misión también presenta recomendaciones a la comunidad internacional,

incluyendo que los Estados consideren la posibilidad de iniciar acciones legales contra los

individuos responsables por las violaciones y los delitos señalados en el informe, de

conformidad con su legislación interna pertinente. En el informe se recomienda que, en el

examen de los casos, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tenga en cuenta las

necesidades de las víctimas de que se haga justicia oportunamente. 

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